Desde hace varios días, se ha desatado un gran incendio dentro del Vertedero de AMSA ubicado en la CA-9, lo que ha ocasionado una gran nube de humo, que se ha extendido sobre áreas urbanas y rurales. Este humo está generando contaminación atmosférica que pone en riesgo la salud humana y ambiental de los habitantes de las áreas aledañas y en todo el país, y que es necesario afrontar para evitar mayores daños a futuro. Pero, además, con esta crisis, se ha desenmascarado la crisis existente de la basura en el país.

Actualmente, no existe una ley especial que regule la adecuada disposición de los desechos sólidos, sino que la normativa existente consiste únicamente en una Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos y los reglamentos para el manejo de desechos sólidos que cada municipalidad pueda haber emitido. Sin embargo, la primera no tiene fuerza de ley, sino únicamente de orientación, y los segundos tienden a ser normas que no establecen mecanismos para la gestión apropiada de los desechos, y en muchos de los casos pueden considerarse letra muerta.

Asimismo, es importante notar que el Estado cuenta con un número muy reducido de vertederos de desechos sólidos legales, que concentran la disposición de la mayoría de la basura del país, excediéndose en su capacidad receptora en muy poco tiempo.  De los pocos vertederos legales existentes, ninguno cumple con los requerimientos técnicos para ser considerado como un relleno sanitario que pueda mejorar la calidad de vida de la población. Ello, pues para considerar que un relleno sanitario cumple con normas técnicas, éste debe estar debidamente planificado a través de una infraestructura que cumpla con medidas de saneamiento básicas, para prevenir la contaminación del suelo, de las aguas y del aire. Asimismo, un relleno sanitario debe contar con una planificación correcta de su cierre técnico que lo convierta en un espacio útil, como parques comunitarios, áreas protegidas o parques de generación eléctrica.

En tanto se logre una solución nacional, a nivel gubernamental y político, los habitantes del país debemos cumplir con el mandato constitucional que nos obliga a todos “a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibro ecológico”.[1] Ello se puede lograr a través de nuestras actividades cotidianas y empresariales, mediante planes de manejo de desechos sólidos que propicien una cultura de reducción, reúso y reciclaje de los desechos para minimizar la cantidad de residuos que se dirigen hacia esos vertederos. Esta actividad, en muchos de los casos, ya se encuentra contenida como un compromiso ambiental para todos los proyectos dentro de sus EIAs, y es importante ponerlo en marcha, pues su incumplimiento puede generar fuertes sanciones administrativas, e inclusive penales. De igual forma, la economía circular nos ha brindado una gran solución al utilizar los desechos como materia prima para la producción de bienes a mucho menor costo y con ventajas evidentes para el ambiente.

Contáctese con nosotros para conocer cuáles son las obligaciones de su empresa en relación a la disposición apropiada de los desechos sólidos y evitar posibles sanciones, así como para encontrar las soluciones que puedan, ya sea crear ahorros en su presupuesto, o generar mayores ganancias para su negocio.


[1] Art. 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala

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